El PP pide a la Comisión Europea que estudie la imputación del fiscal general como "desviación del Estado de derecho"

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como "desviación del Estado de Derecho" en España. En una misiva dirigida al comisario de Justicia advierte de que mantenerlo en su cargo "dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa". "La desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho", asegura Montserrat en la carta .

La eurodiputada destaca en la carta que ha dirigido este martes a McGrath que España "se encuentra en un difícil momento" por la imputación del fiscal general y recalca que esto es algo "inaudito en democracia y en la UE", después de que el Tribunal Supremo le imputase por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "A pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos para dañar a la oposición política, se niega a renunciar en medio del clamor de asociaciones de fiscales que le piden su dimisión inmediata", remarca Montserrat.

Eliminación de mensajes

Montserrat explica al comisario europeo que, durante la fase de instrucción, se ha conocido "la eliminación masiva de mensajes de correo electrónico y WhatsApp por parte de García Ortiz, no una vez, sino dos veces el pasado 16 de octubre, lo que podría ser constitutivo de encubrimiento o destrucción de pruebas". Es más, cree que "demuestra un comportamiento de obstrucción a la justicia". Apunta al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que "revela que los mensajes del teléfono del fiscal general fueron borrados el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él". "Pero aún más grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces", dice a McGrath en la citada carta.

La dirigente del PP recuerda que en diciembre pasado ya pidió la intervención de la Comisión Europea, que "es competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de Derecho", "porque los ataques a los jueces desde el Gobierno dañan la democracia y contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en la UE". Tras asegurar que "un Poder Judicial independiente es esencial", asegura que la Comisión Europea "debe emplear los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad".